Un juez de Nueva York falló el viernes 16 de febrero en contra de Donald Trump, imponiendo una multa de 364 millones de dólares, por lo que, según dictaminó, era un plan de años para engañar a bancos y otras entidades con estados financieros que inflaban la riqueza del expresidente.
El juez Arthur Engoron emitió su decisión después de un juicio de dos meses y medio en el que el favorito republicano a la presidencia se enfureció bajo juramento de que era víctima de un sistema legal manipulado.
La dura pena fue una victoria para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata, que demandó a Trump por lo que, según ella, no era solo fanfarronería inofensiva, sino años de prácticas engañosas mientras construía la colección multinacional de rascacielos, campos de golf y otras propiedades que catapultaron a Trump.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó 370 millones de dólares y una prohibición para que Trump y otros acusados hagan negocios en el estado. Una sanción como esa podría dañar potencialmente al imperio inmobiliario que ayudó a Trump a forjar su imagen de empresario multimillonario inteligente y lo llevó a la fama y a la Casa Blanca.
