De esta manera, “se frustra el intento de Moreno por secuestrar al PRI y se evitará que se eternice en la dirigencia nacional”, indicaron en un comunicado conjunto Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa Reza, Manlio Fabio Beltrones y Aurelio Nuño, quienes aseguraron que “al anularse la reelección ilegal, se debe convocar a una dirigencia provisional, misma que deberá ser elegida por el Consejo Político Nacional”.
A la vez, subrayaron que dicho consejo deberá conformarse por los integrantes registrados antes del 7 de julio pasado, previo al desarrollo de la Asamblea Nacional de ese día, que calificaron como ilegal.
“Todos los miembros del Partido que fueron excluidos de los Consejos Políticos Nacionales o Estatales deben ser reincorporados. Asimismo, se deben restituir los derechos de las personas expulsadas ilegalmente por el Senador Alejandro Moreno”, agregaron.
En el documento, firmado también por priístas como Fernando Galindo y Fernando Zendejas, además de los integrantes del Frente Amplio de Renovación por México, entre ellos Natividad González, Fernando Lerdo de Tejada, José Encarnación Alfaro y José Reyes Baeza, destacaron el voto de los consejeros electorales.
“Ha quedado claro que el derecho del partido a auto-organizarse no es patente de corzo del dirigente nacional, como lo pretende el Senador Alejandro Moreno, para violar la ley ni para crear una autocracia al interior del PRI”, señalaron luego de la sesión del Consejo general.
Este jueves, el órgano electoral decidió no ratificar la constitucionalidad y legalidad de las reformas estatutarias del PRI que permitieron la reelección de Morena Cárdenas, con el argumento de que fueron aprobadas antes de que concluyera el proceso electoral federal. Al declarar “la imposibilidad” de validarlas, será un tema que tocará resolver al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sobre ello, los ex presidentes dijeron que “al declarar la nulidad de las reformas a la documentación básica del PRI, el Consejo General del INE consideró que era innecesario pronunciarse sobre el contenido de las reformas, porque al haberse efectuado en un periodo prohibido no tienen validez alguna”.
