Este lunes entraron en funciones más de 800 integrantes del Poder Judicial, entre ellos ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales y jueces locales, quienes por primera vez fueron elegidos mediante voto popular en los comicios del 1 de junio.
El gobierno federal calificó el inicio de esta etapa como una “nueva era” en la justicia mexicana, aunque el proceso ha sido objeto de críticas por la baja participación ciudadana —apenas del 13 %— y por denuncias de irregularidades en la promoción de candidatos cercanos al oficialismo.
Una de las figuras más destacadas es Hugo Aguilar, indígena mixteco y exfuncionario en la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió como presidente de la Suprema Corte. Aguilar aseguró que el gran reto será devolver la confianza de la población en las instituciones judiciales.
El proceso, impulsado por la reforma constitucional propuesta por López Obrador y concretada en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, tendrá una segunda fase en 2027 para renovar más cargos. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que la medida podría abrir la puerta a la injerencia política y del crimen organizado en la impartición de justicia.
El colectivo Defensorxs señaló que al menos 25 candidatos con antecedentes penales o vínculos con el narcotráfico lograron registrarse, y seis de ellos resultaron electos, como el caso de Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ahora se desempeñará como jueza penal en Chihuahua.
Para los críticos, este panorama incrementa el riesgo de que los tribunales se conviertan en espacios vulnerables a la corrupción y al control de grupos delictivos, lo que podría agravar la crisis de impunidad que ya supera el 90 % en el país.
