Uruguay hizo historia al convertirse en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley, tras la aprobación de la llamada Ley de Muerte Digna en el Congreso. La iniciativa, impulsada y discutida durante cinco años, recibió el respaldo mayoritario del Frente Amplio, coalición de izquierda.
A diferencia de Colombia y Ecuador, donde el procedimiento fue avalado por fallos judiciales, Uruguay lo incorpora oficialmente a su legislación, garantizando el derecho de los ciudadanos a decidir sobre una muerte digna y sin sufrimiento.
La ley establece que podrán solicitar la eutanasia los mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan enfermedades incurables o en etapa terminal, y sufran un deterioro grave e irreversible de su calidad de vida. Además, el beneficio aplica a uruguayos y residentes legales en el país.
El procedimiento contempla ocho etapas, entre ellas la solicitud directa al médico, la verificación de la voluntad del paciente, la revisión por un segundo profesional y la ratificación ante dos testigos. El paciente puede revocar su decisión en cualquier momento del proceso.
Aunque el Congreso ya dio luz verde, la norma aún no entra en vigor. Falta la promulgación del presidente Yamandú Orsi, tras lo cual el gobierno contará con 180 días para su reglamentación.
Con esta decisión, Uruguay se posiciona como un país referente en derechos humanos y libertad de elección médicaen la región.
