El Senado de la República aprobó por unanimidad una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país y frenar este delito que ha crecido en incidencia y violencia. Con 110 votos a favor, la propuesta fue devuelta a la Cámara de Diputados tras recibir 21 modificaciones y un artículo transitorio adicional.
La normativa establece que la extorsión será perseguida bajo una sola definición en todo México, además de ampliar la protección a las víctimas e incorporar sanciones contra funcionarios que faciliten o participen en la comisión del delito.
Uno de los ejes centrales es el control estricto en los centros penitenciarios. La ley ordena bloquear señales de telefonía, internet y radio, así como prohibir el acceso y uso de celulares u otros dispositivos electrónicos. Se reconoce que una parte significativa de las extorsiones proviene de reclusorios y se plantean mecanismos obligatorios para inhibir comunicaciones ilícitas.
Los centros penitenciarios tendrán un plazo máximo de seis meses para instalar la tecnología que limite las comunicaciones ilegales. La posesión o ingreso de dispositivos electrónicos será castigada de 6 a 12 años de prisión, tanto para personas privadas de su libertad como para los funcionarios que lo permitan.
Además, el Senado incrementó las penas para quienes cometan extorsión: pasan de 15 a 25 años de cárcel, con agravantes que pueden alcanzar hasta 42 años si el delito se realiza desde una prisión.
La legislación también obliga a todas las entidades del país a contar con personal especializado, certificados y capacitados para investigar y perseguir este delito. Los legisladores destacaron que la extorsión no solo afecta el patrimonio, sino también la integridad emocional, física y psicológica de las víctimas, provocando miedo, desgaste social e impunidad cuando no es sancionada.
