La Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la producción, distribución y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el país. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzó con amplia mayoría, aunque rodeada de reclamos por posibles excesos en las sanciones penales.
El dictamen contempla penas de uno a ocho años de prisión y multas que podrían superar los 200 mil pesos para quienes fabriquen, transporten o comercialicen vapeadores con fines de lucro. Oposición y expertos advierten que castigos tan elevados podrían abrir la puerta a abusos y criminalización, especialmente entre jóvenes. Morena respondió que presentará una reserva para aclarar que los consumidores no serán castigados.
El debate se calentó en el pleno, donde legisladores opositores encendieron vapeadores para denunciar que la reforma podría detonar extorsiones y mercado negro. También criticaron que el documento, de más de 800 páginas, se aprobó sin diálogo con especialistas. Por su parte, los promotores de la medida defendieron que el objetivo es frenar el acceso de niños y adolescentes a productos con metales pesados y sustancias que dañan los pulmones.
El paquete aprobado incluye además cambios relacionados con la compra consolidada de medicamentos, la adquisición de equipo médico y nuevas reglas contra el tráfico de precursores químicos empleados para fabricar fentanilo. La oposición acusó que se mezclaron temas sin relación para acelerar la votación, mientras Morena asegura que todo forma parte de una estrategia integral de salud. El dictamen ahora pasa al Senado, donde continuará el debate.
