En Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de limitar las pensiones consideradas excesivas que reciben exmandos de confianza en distintas entidades públicas.
La propuesta plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer que ninguna jubilación financiada con recursos públicos supere el 50 % de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que equivaldría a un tope cercano a 70 mil pesos mensuales. Según estimaciones oficiales, la medida permitiría un ahorro aproximado de cinco mil millones de pesos, recursos que serían redirigidos a programas sociales.
La consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, explicó que la reforma busca reforzar los principios de austeridad, responsabilidad financiera y equidad en el uso del erario, sin afectar las pensiones derivadas de contratos colectivos o condiciones generales de trabajo.
Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que actualmente existen casos con montos muy superiores al promedio nacional en organismos y empresas del Estado como Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, así como en la banca de desarrollo, incluyendo Nacional Financiera, Banobras y Bancomext.
De acuerdo con los datos presentados, miles de jubilaciones superan incluso los montos máximos que otorgan sistemas de seguridad social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El proyecto aclara que la medida no tendrá efectos retroactivos, es decir, no se retirarán pagos ya otorgados, pero sí se ajustarían hacia adelante para cumplir con los nuevos límites legales. La intención, subrayó el gobierno federal, es eliminar privilegios en pensiones de altos cargos y garantizar un esquema más equilibrado en el gasto público.
