Una fuerte controversia internacional se ha desatado luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitara formalmente a México la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, , junto con otras nueve personas, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con información oficial, la solicitud fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual turnó el caso a la para que evalúe si existen elementos suficientes que respalden las acusaciones, conforme al marco legal mexicano.
Las autoridades estadounidenses señalan a Rocha Moya y a otros funcionarios de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa en actividades de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, además de otros delitos relacionados con armas.
Sin embargo, el gobierno mexicano ha señalado que, hasta el momento, las solicitudes no incluyen pruebas concluyentes que permitan determinar la responsabilidad de los implicados, por lo que será la FGR la instancia encargada de analizar la viabilidad del proceso.
Asimismo, la SRE expresó su inconformidad por la forma en que el caso fue difundido públicamente por autoridades estadounidenses, recordando que los tratados bilaterales establecen la confidencialidad en este tipo de procedimientos.
Este caso ha generado tensión en la relación entre México y Estados Unidos, ya que se trata de uno de los señalamientos más graves contra un funcionario en activo, lo que podría tener implicaciones políticas, jurídicas y diplomáticas en los próximos días.
Por su parte, los acusados han rechazado los señalamientos y aseguran que se trata de acusaciones sin fundamento.
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