Luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aceptaran discutir el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la reforma al Poder Judicial, los grupos parlamentarios del PAN y de Movimiento Ciudadano (MC) informaron que acudirán a organismo internacionales.
Un golpe de mazo tronó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): fin del debate. La reforma al Poder Judicial de la Federación está vigente y sin cambios.
Aunque en el Alto Tribunal no se celebran ni se aplauden sus decisiones, el fallo es un triunfo para el gobierno de la presidentaClaudia Sheinbaum Pardo, quien desde campaña pidió el voto masivo para llevar a cabo lo planteado por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sesión histórica y extenuante. Por siete horas —con una de receso— el debate se caracterizó por ríspidos reclamos entre los ministros “antireforma” y el grupo minoritario en favor de los cambios hechos por el Congreso de la Unión.
La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, abrió la sesión recordando que cualquier decisión estaría en los libros de historia del país y será revisada escrupulosamente por la sociedad, la comunidad jurídica nacional e internacional y por generaciones futuras.
La ministra Lenia Batres Guadarrama recordó por qué llegaron a este momento: el activismo judicial que invalidó 398 leyes de 2019 a 2023, por incumplir el precepto de que ningún servidor público gane más que el Presidente y por los 14 fideicomisos —con más de 24 mil millones de pesos— que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Pero sobre todo, dijo, “se ha mantenido una política de tolerancia a conductas como el nepotismo y la impunidad al interior del Poder Judicial. Se han emitido además suspensiones provisionales y definitivas con fines absolutamente políticos”. Con mesura, el ministroLuis María Aguilar Morales criticó que se alzara la voz “como un mitin” para imponer ideas en vez de argumentos. Le respondió que si se invalidaron leyes del Ejecutivo era porque estaban “mal hechas, en este y en cualquier sexenio”. Defendió el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en el sentido de que corresponde a la Corte revisar que la Carta Magna “sea congruente consigo misma y al artículo 135, que se haya cumplido con el proceso para poder hacerlo”.
