Ciudad de México – El gobierno mexicano ha lanzado una fuerte ofensiva diplomática y legal contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para rechazar la afirmación de que las desapariciones en el país constituyen un fenómeno sistemático.
La postura oficial surge luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señalara la existencia de un patrón estructural de desapariciones en México, basado en casos documentados durante años. En respuesta, las autoridades mexicanas han desplegado toda su capacidad institucional para cuestionar y desestimar dicho informe.
Funcionarios federales han reiterado que el gobierno no tolera ni promueve este tipo de delitos, y argumentan que las desapariciones son resultado de la violencia generada por el crimen organizado, no de una política de Estado.
El tema ha generado intenso debate nacional e internacional, especialmente por el contexto de más de 110 mil personas desaparecidas registradas en el país, según cifras oficiales.
La confrontación con el organismo de la ONU se da en medio de crecientes exigencias de colectivos de familiares y organizaciones civiles, que piden mayor transparencia y compromiso en la búsqueda de desaparecidos.
