Perdido el debate en la tribuna, el panismo pasó a los empujones con los diputados de Morena y PT, que habían caracterizado a ex gobernadores del blanquiazul y al ex presidente Vicente Fox como “el cártel del agua”, por las concesiones que se dieron a sí mismos para controlar la extracción de millones de metros cúbicos de líquido.
Tan sólo la familia Fox dispone de 14 títulos, resaltó Francisco Javier Borrego (Morena).
Tecnificación de riego
Además, se aprobó incluir en la Ley de Aguas Nacionales la tecnificación de los sistemas de riego y que el manejo, explotación, uso y reúso del agua no excederá los volúmenes mayores a los concesionados, con la finalidad de mantener el equilibrio hidrológico de cuencas y acuíferos.
Se atendió otra de las propuestas de los productores, para definir que, antes de disminuir o cancelar el volumen de agua concesionada, en caso de riesgo de disponibilidad, se hará con previa valoración técnica e información a los usuarios.
De manera adicional, en el artículo 123 Bis 4 se agregó que no se sancionará el desvío de cauces o corrientes cuando –además de uso personal y doméstico– sea para uso agropecuario familiar.
En el caso de la regularización del libre alumbramiento, se agregó que en los lineamientos que emita la Conagua “se deberá observar que no se incurra en prácticas de acaparamiento de agua”.
Los productores habían insistido en equiparar en el artículo 123 Bis 5 de la misma ley, el delito de cohecho a funcionarios que otorguen concesiones a cambio de un soborno para ellos o sus familiares, y lo que se agregó fue aumentar la pena hasta 14 años de prisión en esos casos.
En el artículo 24 del dictamen, se preveía que las concesiones o asignaciones serán objeto de prórroga, que podría solicitarse hasta dos años antes de su término, y en respuesta a lo solicitado por los productores, el periodo se amplió a tres.
Se agregó que el Programa Nacional Hídrico se actualizará y mejorará conforme a criterios y directrices sociales, ambientales y económicas que garanticen la equidad en el acceso al líquido, la integridad de los ecosistemas generadores del mismo, y se privilegiará el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, salubre, aceptable, asequible y equitativo.
En el intercambio de posturas, mientras Morena y sus aliados defendieron que con ambas leyes se termina con el acaparamiento del agua, el robo y la extracción ilegal, para poner orden y fin a “los miles de pozos” que poseen familias como la LeBarón en Chihuahua, la oposición sostuvo que, con los cambios, se da paso a un “despotismo hidráulico”.
Al cierre de esta edición, continuaba el desahogo de más de 500 reservas en lo particular, aunque no serían aceptadas en el pleno.
