El nombre de Marilyn Cote, una abogada señalada por supuestamente ofrecer servicios psiquiátricos sin la debida certificación, causó gran revuelo en redes sociales y en el ámbito de la medicina en México.
Las autoridades de salud en Puebla cerraron su consultorio luego de que crecieran las acusaciones sobre su falta de credenciales para ejercer la psiquiatría.
¿Quién es Marilyn Cote?
Marilyn Cote, quien promovía su consultorio como “Neuropsychology Clinic Marilyn Cote”, se presentaba en redes y en su sitio web como psiquiatra con múltiples premios y estudios internacionales, incluyendo menciones a Harvard y la Universidad de Oslo.
Sin embargo, los reportes iniciales indican que esta información podría ser falsa y que Cote no contaba con la certificación requerida para la práctica médica.
Las dudas sobre la autenticidad de sus credenciales no tardaron en encender las alarmas. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes en las que Cote mostraba supuestos números de cédula profesional como médico cirujano, psiquiatra y psicóloga clínica, lo que generó suspicacias sobre la veracidad de sus títulos.
Las denuncias sugieren que Cote utilizaba logos de universidades reconocidas para proyectar una imagen de autoridad en psiquiatría, un campo en el que no contaría con los estudios requeridos.
Cote responde a denuncias: “Mis documentos son auténticos”
En entrevista con el medio 24 Horas, Marilyn Cote aseguró que posee títulos válidos y que está dispuesta a presentarlos, aunque únicamente ante las autoridades judiciales pertinentes.
“No tengo problema alguno, mis documentos son completamente fidedignos, y claro, solo los mostraré a las autoridades correspondientes”, afirmó Cote, sin precisar qué certificaciones posee.
La Fiscalía investiga a Marilyn Cote
Gilberto Higuera Bernal, Fiscal General del Estado de Puebla, confirmó que la Fiscalía abrirá una investigación de oficio en el caso de Marilyn Cote, aunque hasta ahora no exista una denuncia penal formal en su contra.
Este tipo de investigaciones suelen iniciarse cuando hay indicios de un posible delito que afecta la salud pública o la confianza en las instituciones profesionales.
