CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En discusión vespertina, los senadores de Morena, PT, PVEM y algunos del PAN aprobaron la reforma sobre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los cuales están los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos como la ilegal producción, preparación, adquisición, exportación, enajenación, importación, transportación de dogas sintéticas como fentanilo y derivados.
Además, conservaron las reservas aprobadas en la Cámara Baja sobre retirar de la prisión preventiva oficiosa en los casos de narcomenudeo y defraudación fiscal, sin embargo, adicionaron a la prisión preventiva la de comprobante fiscal y trasportación de sustancias para elaboración de fentanilo.
La reforma fue aprobada en lo general por 94 votos a favor y 34 en contra, y modifica el artículo 19 constitucional.
Afectará a los más pobres: oposición
Durante la discusión, los senadores opositores resaltaron que esta medida es violatoria a los derechos humanos y afectará a los más pobres.
El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, afirmó que la prisión preventiva oficiosa no sirve y el oficialismo cree que ampliar la prisión preventiva oficiosa es una buena salida para resolver la delincuencia y la impunidad.
“Nosotros sostenemos que la prisión sin juicio es un error y afecta a la gente en general, pero sí a la gente más pobre. Es poco efectiva o es prácticamente ineficaz la prisión preventiva oficiosa porque no acaba con la delincuencia y porque en realidad no combate la impunidad”, detalló.
Por su parte, la senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, afirmó que su partido está a favor de todo aquello que ponga a los extorsionadores y delincuentes del crimen organizando en la cárcel, pero violando derechos humanos no es la solución.
“La solución es y será hacer investigaciones, armar bien las carpetas de investigación. Cuando realmente pase eso y nadie quede impune, ese día créanme, México va a encontrar la paz. Porque justificar estas acciones violando derechos humanos, repito, no es la solución, y no lo digo por los delincuentes y los extorsionadores, lo digo por los 120 millones de habitantes que estamos en riesgo con la prisión preventiva oficiosa”, resalto.
La iniciativa tendrá que ser aprobada en al menos 17 estados de la República para que se declare su constitucionalidad y pase a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum para que promulgue la reforma.
